Un dominicano de 49 años, llamado Santo Beato Aybar-Aybar, fue condenado por reingresar a Estados Unidos sin autorización después de haber sido deportado en tres ocasiones anteriores. Este incidente tuvo lugar en Lawrence, Massachusetts, donde vivía de manera irregular hasta que fue arrestado por las autoridades migratorias y llevado ante la Corte Federal del Distrito de Massachusetts.
La sentencia se dictó el 16 de junio, aunque las autoridades confirmaron la información durante la semana actual. De acuerdo con el expediente judicial, Aybar-Aybar había sido deportado en tres ocasiones, siendo la más reciente el 21 de septiembre de 2021. A pesar de estas expulsiones, logró regresar a Estados Unidos, infringiendo las normativas de ingreso y permanencia establecidas por el Departamento de Seguridad Nacional.
El comportamiento de Aybar-Aybar provocó una reacción de las autoridades migratorias en la región de Nueva Inglaterra, donde se han intensificado los esfuerzos para detener los casos de ingreso irregular. En este marco, Patricia H. Hyde, directora interina de Operaciones de Aplicación y Deportación (ERO) de ICE Boston, comentó que la conducta del acusado refleja lo que ella calificó como un “descarado desprecio por las leyes migratorias de EE. UU.”
En un comunicado oficial, la funcionaria añadió que “no permitiremos que criminales infrinjan nuestras leyes y se escondan en nuestras comunidades. ICE Boston continuará priorizando la seguridad pública mediante el arresto y la deportación de inmigrantes ilegales reincidentes en nuestra región.”
Este caso se presenta en un contexto de mayor vigilancia por parte de las autoridades federales sobre los incidentes de reingreso no autorizado, especialmente en estados como Massachusetts, donde hay comunidades con una presencia significativa de inmigrantes.
La legislación federal establece sanciones severas para aquellos que vuelven a ingresar de manera ilegal después de haber sido expulsados formalmente. En el caso de Aybar-Aybar, podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión y una multa que podría llegar a los 250 mil dólares. Además, se prevé la emisión de una nueva orden de expulsión una vez que cumpla con la condena impuesta.
Las autoridades federales han reiterado su llamado a seguir los procedimientos legales para ingresar al país y han reafirmado su compromiso de hacer cumplir la normativa vigente como parte de su política de seguridad y control en la frontera.
