Tuluá. En la noche del 25 de mayo, durante una manifestación en el marco del paro nacional, un grupo de enmascarados prendió fuego al Palacio de Justicia en Tulua, Valle del Cauca. A pesar de la presencia del cuerpo de bomberos municipal, el estado de orden público impidió el control de las llamas.
Este jueves, dos días después del crimen, el secretario de Defensa Diego Molano informó que se estaban entregando US $ 200 millones a quienes brindaron inteligencia para permitirles capturar a 18 personas responsables del incendio y destrucción del Palacio de Justicia.
Además del metraje que acabó con la vida del joven estudiante de derecho Camilo Andrés Arango García, estos espacios también fueron públicos. Noticias Internacionales.
“Fuimos testigos de como terroristas de manera organizada quemaron el Palacio de Justicia de Tuluá, un hecho que nos recordó uno de los peores momentos de nuestra historia”, fueron las palabras de Molano, quien también lamentó la muerte del joven Camilo Andrés Arango y manifestó que hará todo lo posible por recoger las pruebas para dar con los culpables.
La teoría de que fueron terroristas quienes buscaron que el Palacio de Justicia ardiera fue compartida por el presidente Iván Duque, quien ahondó en que dichos grupos organizados le pagaron a algunas personas para la comisión de los actos vandálicos.
El jefe de Estado dijo este 27 de mayo, en un conversatorio organizado por el Diálogo Interamericano y el Centro Wilson, que:
«Tenemos evidencia de que donaron dinero a la gente, provocando que la gente cometa estos actos de sabotaje y participe en todas estas actividades».
Duque también denominó a la situación de orden pública como “polifacética”, razón por la cual pidió no estigmatizar la protesta social y contribuir para determinar las conductas específicas en cada uno de los actos de vandalismo que se han denunciado los últimos días
“Esta es una situación multifacética donde nosotros tenemos que actuar sin generalizar y sin estigmatizar para determinar cuáles son las conductas en cada uno de estos casos”, agregó.
En la misma discusión, Iván Duque mencionó que a solicitud de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la negativa a aceptar la comisión de verificación de la situación de derechos humanos en Colombia hasta el entidad controlada por el estado informa cada caso de abuso Investigar.
“No tenemos nada que ocultar”, sostuvo. Y agregó: “A la fecha tenemos 80 investigaciones de posibles abusos cometidos en las últimas cuatro semanas y esto se hace con la oficina de la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo y hemos compartido esta información con todas las instituciones que quieran saber cómo nos hemos comportado”.
En referencia al incendio en Cauca, el MinDefensa agregó que, “el Gobierno respeta la manifestación pacífica, pero condena los hechos de violencia y terrorismo que limitan los derechos de otros ciudadanos, por eso enfrentamos con decisión la violencia. Pedimos justica, pronta investigación y condena ejemplar”.
Entretanto, la Corte Suprema de Justicia pronunció: “En momentos tan críticos como los que atraviesa el país, las sedes de la justicia son las casas de protección democrática de los Colombianos.
El fuego que las consume, como ocurrió en el ataque criminal al Palacio de Justicia de Tuluá, erosiona severamente las bases del Estado constitucional y atenta contra la materialización de los derechos de todos los ciudadanos”.
Con información de infobae.