La noche del viernes, el Ministerio de Asuntos Públicos solicitó que se cambiaran las medidas obligatorias de prisión preventiva a arresto domiciliario e imponer medidas obligatorias a una de las 12 personas sospechosas de ser desmanteladas a través del operativo Coral 5G en la red de presunta corrupción administrativa.
Wilson Camacho, jefe de la Fiscalía Especializada (Pepca) para Procesos Administrativos de Corrupción, dijo que se negó a proporcionar los nombres de los imputados a quienes se les pidió que tomaran medidas menores. Noticias Internacionales.
«Hemos pedido al tribunal que imponga la prisión preventiva al imputado como medida coercitiva. Solo en un caso le pedimos al tribunal que imponga el arresto domiciliario debido a que el imputado admitió los hechos. Este es otro ejemplo contundente de la acusación del Ministerio de Asuntos Públicos ”, explicó el abogado adjunto.
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