DNCD. El Ministerio de Asuntos Públicos investigó a más de 30 personas, incluidas 3 extraditables, que participaron en la red criminal destruida por la Operación Falcón, que se dedica al lavado de activos, narcotráfico, tráfico internacional de armas y patrocinio ilegal de campañas políticas de protección y inmunidad.
Durante la audiencia de la solicitud de coacción de los 23 imputados encabezada por la jueza Iris Borgen Santana de la Oficina Judicial del Servicio Permanente de Preocupación del Distrito Judicial de San Diego, el Ministerio de Asuntos Públicos finalmente declaró los siguientes hechos: las medidas y los motivos que respaldan el anuncio de la caso complejo.
“El Ministerio Público mañana dará las conclusiones con respecto a esta parte de la solicitud de medida de coerción. No obstante, en la solicitud en cuestión hemos establecido una prisión preventiva por 18 meses, como también la solicitud de declaratoria de complejidad del mismo, dadas las características propias de un caso de esta magnitud”, explicó la procuradora de corte Luisa Liranzo, quien ofreció declaraciones a la prensa, al cierre de la jornada de hoy.
Desde las 10:30 de la mañana hasta pasadas las 5:00 de la tarde, el Ministerio Público listó unas 350 pruebas frente al tribunal que sostienen las imputaciones, por las cuales solicita la complejidad del caso y prisión preventiva para todos los imputados. “El Ministerio Público presentó la mayor cantidad de pruebas que dan por acreditados los hechos”, indicó Liranzo. Noticias Internacionales.
De acuerdo con el análisis de inteligencia electrónica presentado por el Ministerio Público, la red criminal desmantelada con la Operación Falcón se refería en sus llamadas a las ubicaciones y fechas de los operativos de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), dejando ver, mediante mensajes en clave, que tenían a efectivos de esa institución en la nómina de este entramado de narcotráfico internacional y lavado de activos.
En la presentación de hechos de la solicitud de medida de coerción se establece como Erick Randhiel Mosquea, quien está prófugo, pagaba sumas millonarias por la venta futura de combustibles a las empresas distribuidoras, como forma de lavar dinero producto del narcotráfico. Varios de los imputados figuran como administradores de estas estaciones y otros negocios del señalado como cabeza de la red.
Además, se mencionó que las empresas distribuidoras de combustibles están acostumbradas a recibir hasta $ 5 millones por adelantado y pagos en efectivo. Por ello, las redes criminales mantenidas por el producto del narcotráfico se comprometen a comprar gasolineras en distintos puntos del país para blanquear dinero. Además, lavan dinero a través de la industria del entretenimiento, la venta de automóviles (incluidos los automóviles de alta gama), los bancos de juego y la compra y renovación de bienes raíces.
La red se opera en la provincia de Santiago y tiene sucursales en diferentes regiones del país. Un punto de dolor nervioso es la ciudad de Miches, desde donde transportaron miles de kilogramos de droga y adquirieron múltiples propiedades, todas las rutas de transporte desde la gasolinera hasta la ciudad.
La red puede observar todos los movimientos de las entradas y salidas terrestres y marítimas de Miches desde el restaurante Coco, así como todos los movimientos de varios puntos del municipio, donde se han instalado 26 cámaras de vigilancia.
El grupo de imputados tenía también su propio ‘dealer’ para activar sus líneas de telefonía móvil, en la que usaban sobre todo teléfonos tipo BlackBerry, con el fin de dificultar las interceptaciones telefónicas de las autoridades.
En un momento de la audiencia, la defensa de María Olimpia Tavárez solicitó al Ministerio Público dar por leídas las páginas que involucran a su defendida, sobre todo en lo que implica interceptaciones telefónicas. Sin embargo, el Ministerio Público manifestó que continuaría con la lectura comentada, como se acordó el día anterior.
Igualmente, la defensa presentó una oposición a que el Ministerio Público mencionara en su relación de hechos para solicitar la coerción a personas que no están presentes en la audiencia.
Ante esta petición, el procurador adjunto a Wilson Camacho replicó que: “No tiene ningún sentido que se esté juzgando a un testaferro y que la persona a la que éste sirvió de testaferro no pueda ser mencionada. Eso es inadmisible”.
La jueza Iris Borgen aceptó el cargo del Ministerio de Asuntos Públicos y desestimó el recurso de apelación como recurso de cosa juzgada, pues durante la audiencia del lunes varios miembros de la defensa se opusieron a la mención del extraditado Juan José de la Cruz Mora Les, y otros que no han sido extraditados. En la corte, pero tienen una relación directa con el imputado.
La medida de coerción incluye a los primeros 23 imputados como participantes en la red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada en la Operación Falcón, que el Ministerio Público ejecutó en coordinación con la DNCD y la cooperación internacional de la Administración de Control de Drogas (DEA).
La operación, que continúa realizando allanamientos y mantiene una investigación abierta, es encabezada por la Dirección Nacional de Persecución de la Procuraduría General de la República y la Fiscalía de Santiago.
Los imputados son María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli y/o La Princesa); Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder), Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo), Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente), Julio César Jiménez Talavera (domínico-venezolano) y Juan Bautista Carpio Reynoso.
También, José Alejandro de la Cruz Morales (Omar La Moña); Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Peralta, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras (Migue), Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez, Felipe Espino Germán, Andrés Guzmán Collado y Amadeo Garibaldi Read Ruiz.
Al motivar la complejidad del caso, la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso recordó que la doctrina y la jurisprudencia así lo establecen. “Estamos ante un caso típico de criminalidad organizada; además tenemos pluralidad de imputados”, añadió.
“También pluralidad de víctimas: por el lavado de activos, está la afectación sobre el orden económico; por el narcotráfico, sobre el orden público y la salud; el tráfico de armas, sobre la seguridad pública y así entendemos que se dan todas las condiciones para que se declare la complejidad”, dijo.
El Ministerio Público presentará este miércoles las conclusiones de su solicitud de medida de coerción, en la continuación de la audiencia, pautada para las 9:30 de la mañana.
Los representantes del Ministerio Público que conforman el equipo que presenta esta solicitud de medida de coerción son los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, el fiscal titular de esta provincia, Osvaldo Bonilla, y los fiscales Luisa Liranzo, Surelis Jáquez, Andrés Mena, Reyna Jiménez, Newton López, Miguel Collado, Yeny Liranzo, Yohanna García, Patricio Rodríguez, Isabel Santos, Miguel Ramos y Enmanuel Ramírez.
Con información de N Digital