San Cristóbal, República Dominicana – El Tribunal de Atención Permanente de San Cristóbal ordenó tres meses de prisión preventiva a Yoleydi Linares, acusada de ser responsable de la muerte de su hija de seis años en el sector Sabana Toro.
Este fallo, emitido recientemente, marca un hito importante en un caso que ha conmocionado a la provincia desde el pasado 11 de marzo.
Disleidy Miliano, abogada de la parte acusadora, destacó que la decisión representa una aplicación correcta de las normativas procesales vigentes.
Linares cumplirá la medida cautelar en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres mientras avanza la investigación judicial.
Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó más de 25 evidencias, entre las cuales estuvo el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), considerado clave por parte de la jueza a cargo del caso.
Según el análisis del INACIF, la menor murió por asfixia causada por obstrucción de los orificios respiratorios, calificando el acto como una muerte violenta con etiología homicida.
Disleidy Miliano afirmó que el informe forense es una prueba determinante, ya que establece sin lugar a dudas que la causa del deceso fue homicida. Asimismo, detalló que la asfixia se llevó a cabo en dos etapas: primero mediante presión en el cuello, seguida por obstrucción de la nariz y boca.
La abogada también destacó que los resultados de la autopsia contradicen completamente la versión de Linares, quien alegó haber encontrado a la menor inconsciente dentro de la bañera. Las pruebas forenses descartan esta hipótesis y señalan una acción directa contra las vías respiratorias de la niña.
Este caso ha desatado una fuerte ola de indignación tanto en San Cristóbal como a nivel nacional debido a las circunstancias desgarradoras del evento. Muchos consideran que esta prisión preventiva es una primera señal de respuesta oficial frente a un episodio profundamente alarmante para la sociedad.
El proceso judicial aún se encuentra en desarrollo y los fiscales trabajan en preparar una acusación formal fundamentada en las pruebas recopiladas hasta el momento por el Ministerio Público.
Este caso plantea interrogantes importantes sobre la protección de menores en contextos familiares vulnerables y cómo abordar estos desafíos en la República Dominicana.
Desde que se hizo pública la resolución judicial, la defensa de Linares ha optado por no emitir declaraciones. La próxima audiencia será crucial para definir los avances del proceso durante las semanas próximas.