Santiago: Un tribunal ha impuesto una condena de 30 años de prisión a un hombre acusado de intento de asesinato y violencia agravada por un ataque ocurrido en 2024.
La sentencia fue resultado de la acusación presentada por el Ministerio Público, que identificó a Pedro Samuel Fernández Sánchez como el responsable de disparar contra su expareja frente a una concurrida pastelería en la ciudad.
De acuerdo con el expediente, el agresor interceptó a la víctima y le disparó directamente al rostro con intención homicida, utilizando un arma de fuego adquirida de manera ilegal.
Las investigaciones revelaron que el condenado sostenía un patrón persistente de acoso, vigilancia y amenazas hacia la mujer, lo que agravó la severidad del caso en el juicio.
Como parte del dictamen, el tribunal ordenó también el pago de una indemnización de dos millones de pesos a favor de la víctima, además del decomiso de las pruebas materiales utilizadas en el ataque.
Según la investigación liderada por la fiscal Niovy Gómez, el ataque fue premeditado. Se demostró que el acusado vigilaba constantemente a la mujer y había alquilado un vehículo con el propósito de seguirla sin levantar sospechas antes de cometer la agresión.
El incidente tuvo lugar en marzo de 2024, cuando el agresor esperó a la mujer frente a su lugar de trabajo y la interceptó tan pronto como llegó. Tras dispararle, huyó del lugar, mientras la víctima sufrió heridas graves, incluyendo secuelas psicológicas y daños físicos permanentes que resultaron en una desfiguración facial.
El Ministerio Público presentó pruebas contundentes, como el arma utilizada en el ataque, grabaciones de cámaras de seguridad y registros de conversaciones que evidenciaban claramente las intenciones del acusado.
El caso fue conocido por el Primer Tribunal Colegiado, compuesto por los jueces Juan Carlos Colón, Claribel Mateo y Gladys de los Santos, quienes consideraron las pruebas presentadas como determinantes para dictar su fallo.
La Fiscalía de Santiago apoyó su acusación en disposiciones del Código Penal Dominicano y la Ley 631-16 relativa al control y regulación de armas.
Por: Yari Araujo