El Tribunal de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso garantía económica de 500 mil pesos y presentación periódica como medidas de coerción contra tres empleadas del colegio Leonardo Da Vinci, vinculadas al caso de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, fallecida durante una excursión escolar. Una cuarta imputada fue dejada en libertad.
Las medidas fueron dictadas contra Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa; Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora; y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. En cambio, Gisela González, coordinadora general y asesora del equipo directivo, fue liberada al considerar el tribunal que no existían pruebas que la vincularan directamente con los hechos.
El Ministerio Público, a través de la magistrada Olga Diná, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), expresó su inconformidad con la decisión y anunció que apelará el fallo. De igual forma, los abogados de la familia de la menor manifestaron desacuerdo, aunque indicaron que respetan la resolución judicial.
El órgano acusador imputa a las encartadas los cargos de homicidio involuntario y negligencia. La audiencia inicial fue aplazada previamente para permitir el depósito de documentos y la notificación formal a la madre de la menor, así como para que la defensa tuviera acceso al expediente entregado horas antes de la vista.