San Pedro de Macorís, República Dominicana – Continúan las repercusiones en torno a la reciente muerte de un joven de 23 años en circunstancias aún confusas, tras un incidente que involucra a miembros del Departamento Central de Investigaciones Criminales (DICRIM). El caso, que ha generado conmoción y cuestionamientos en la comunidad, sigue bajo investigación por parte de las autoridades competentes.
La víctima fue identificada como Joel Henry Aponte, residente en el sector 24 de Abril de esta provincia. Su fallecimiento ha provocado consternación entre familiares, vecinos y allegados, quienes exigen claridad sobre lo sucedido y explicaciones sobre la implicación de los involucrados.
Según las denuncias realizadas por la familia, Aponte habría sido detenido con vida por agentes del DICRIM y posteriormente trasladado al Hospital Regional Dr. Antonio Musa. Allí ingresó con múltiples heridas, recibió atención médica, pero lamentablemente no sobrevivió.
A pesar de los esfuerzos realizados por los médicos, el joven perdió la vida mientras era atendido en el centro médico. Este desenlace ha despertado fuertes cuestionamientos hacia el proceder de las autoridades involucradas.
Un tío de la víctima, Fernando Aponte, presidente de la Sociedad Unida de los Derechos Humanos, denunció públicamente el hecho y ofreció declaraciones contundentes. Según su versión, Joel Henry habría sido “vilmente ejecutado después de ser subido a un vehículo en las inmediaciones del Palacio de Justicia” de San Pedro de Macorís. Además, acusó directamente a miembros del DICRIM, señalando a un supuesto capitán Mercedes, como responsables de mantener a su sobrino bajo constante presión debido a una deuda vinculada con presuntas actividades indebidas.
De acuerdo con el familiar, miembros del DICRIM supuestamente entregaban al joven sustancias confiscadas durante operativos policiales, y un supuesto incumplimiento derivado de esta situación habría desencadenado lo que describe como un “ajuste de cuentas”.
Este conjunto de acusaciones forma parte ahora del proceso investigativo liderado por las autoridades, quienes buscan esclarecer la cadena de eventos que culminaron con la muerte de Aponte. Sin embargo, hasta el momento no se ha emitido una versión oficial que permita arrojar luz sobre lo ocurrido.
La comunidad y los allegados al joven han solicitado transparencia en el manejo del caso y exigen sanciones para los responsables si se demuestra algún tipo de actuación indebida. La falta de información oficial ha incrementado la incertidumbre y la tensión en San Pedro de Macorís, donde los ciudadanos permanecen atentos a cualquier comunicado de las autoridades.
Por su parte, la Dirección Regional Sureste de la Policía Nacional aún no ha ofrecido declaraciones al respecto. Esta ausencia ha generado críticas y temor entre los residentes locales, quienes claman por justicia y una investigación exhaustiva para aclarar este trágico episodio.