Santo Domingo, República Dominicana — El Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste sentenció este año a Endy Junior González a 20 años de prisión tras ser declarado culpable de causar la muerte de su suegra y de amenazar a su pareja, quien estaba embarazada.
El incidente tuvo lugar el 1 de abril de 2025 en el sector Enriquillo de Herrera. Esa noche, alrededor de las 10:45, González llegó armado a la vivienda familiar con la intención de llevarse a su pareja por la fuerza.
Teresa Sánchez Jiménez, madre de la joven, trató de impedir que González concretara su objetivo. En respuesta, él le disparó en el tórax, dejándola gravemente herida en plena calle.
De acuerdo con la investigación realizada por la fiscal Anyelina Vicioso, el acusado amenazó a su pareja embarazada con asesinarla también si no subía a la motocicleta. Posteriormente, tras recorrer varias avenidas de la ciudad, abandonó a la mujer en una estación de combustible de Santo Domingo Este alrededor de las 4:00 de la madrugada.
Teresa Sánchez Jiménez no sobrevivió a las heridas, dejando atrás una familia devastada. Lo ocurrido dio inicio a un proceso judicial que culminó con la condena aplicada por los jueces del tribunal colegiado.
El panel judicial estuvo conformado por Juan Pablo Ortiz, Ana Miledys Taveras y Odania Lapaix, quienes valoraron las pruebas presentadas por las fiscales Vilma Méndez y Matti Noboa. El Ministerio Público logró demostrar la culpabilidad de González al disponer del Código Penal Dominicano que regula delitos como homicidio, intento de homicidio, amenazas y violencia de género.
Por su parte, los representantes legales del RELEVIC, Leoncio Nova y Nethalie Amstrong, solicitaron una indemnización de RD$5 millones para los familiares de la víctima. Sin embargo, el tribunal fijó la compensación económica en RD$1 millón.
Este fallo concluye el aspecto penal del caso, pero deja en debate la cuestión de la reparación económica en hechos de violencia letal contra mujeres. Los abogados defensores de los familiares aún no han manifestado si apelarán la cifra establecida por el tribunal.
Además, este caso reabre la discusión sobre el papel del sistema judicial dominicano ante crímenes derivados de la violencia doméstica, una problemática que sigue cobrando víctimas en el país y marcando a sus familias con consecuencias irreparables.
La sentencia contra Endy González es vista como un mensaje desde las instituciones judiciales. A pesar de ello, queda por ver si será suficiente para disuadir este tipo de conductas en una nación que enfrenta una crisis persistente en torno a la violencia de género.