MINERD. Se dice que el Ministerio de Educación de República Dominicana (Minerd) cobra el 30% de los beneficios laborales a los ex empleados para agilizar el pago de los correspondientes pagos exigidos por la ley, siendo esta la extorsión colectiva, silenciosa y masiva más extendida jamás vista en el país .
La calificación es de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), entidad que considera como “tranquilizante” que hayan denuncias en la Procuraduría General de la República (PGR) y que el Minerd, además, se haya puesto a disposición de las autoridades para colaborar con la investigación del caso.
“Solo un extorsionado o extorsionada es suficiente para justificar la denuncia de referencia cuya dimensión solo es comparable con los cobros de contribución a los partidos políticos impuestas a los servidores públicos en el pasado”, considera la Digeig. Noticias Internacionales.
La supuesta extorsión, de acuerdo a Yolandita Cabrera, madre de la desaparecida Carla Massiel, se basa en el cobro de un 30% de las prestaciones laborales no sólo a ella, sino para otros 39,500 servidores públicos, lo que representa 1,185 millones de pesos.
De su lado, Ética entiende que, pese a no llevar la investigación respecto al caso, hubiera hecho lo propio por no contar con las atribuciones judiciales sobre el particular.
En ese sentido, considera que la denuncia está en el lugar correcto, que es en la Procuraduría General de la República.
Dirección de Ética sobre supuesta extorsión
«No tenemos poder judicial. Esta denuncia debe estar en la Procuraduría General de la República». Esto es parte de la conclusión a la que llegó la Dirección General de Ética e Integridad del Gobierno (Digeig) en relación con el presunto cobro de labores Beneficios de los empleados del Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd).
Tras la denuncia de Yolandita Cabrera, madre de la desaparecida Carla Massiel, que supuestamente desde el Minerd le cobran un 30% de lo que le corresponde como parte de sus prestaciones laborales tras ser desvinculada de dicha entidad, la Dirección de Ética considera que “tranquiliza” que Cabrera haya ido a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Minerd por ponerse a disposición de los investigadores.
De acuerdo a una nota de prensa, la Digeig califica la supuesta extorsión, que asciende a 1,185 millones de pesos, según los abogados de Cabrera, como “la más amplia, colectiva, silente y masiva que se haya realizado en la República Dominicana”.
De todos modos, Ética entiende que, pese a no llevar la investigación respecto al caso, hubiera hecho lo propio por no contar con las atribuciones judiciales sobre el particular.
Se recuerda que la denuncia de Cabrera establece que a 39,500 servidores públicos le pedían 30 mil pesos de sus prestaciones laborales a cada uno para agilizar el pago que les corresponde por ley tras su desvinculación del Minerd.
Con información de N Digital