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Jazlin Isabella Graciano de la Cruz

octubre 20, 2025
Jazlin Isabella Graciano de la Cruz

La familia de Jazlin Isabella Graciano de la Cruz, una niña de cuatro meses, clama por respuestas y justicia tras el fallecimiento de la pequeña, que, según sus familiares, ocurrió después de que las autoridades la entregaran a un centro bajo la custodia de CONANI.

Mirian Cruz, la abuela de la bebé, expresó en una declaración pública su profundo dolor e indignación, identificando al padre como Juan Nicaury Graciano Cruz. Relató que tanto ella como su hijo habían solicitado en múltiples ocasiones la custodia temporal de la niña antes de que se tomara la decisión administrativa. La familia sostiene que habían solicitado a la magistrada Angelina Santos que no enviara a la bebé a CONANI hasta que se llevara a cabo el juicio, programado para el día 20, solicitud que, según la abuela, fue rechazada.

«Mi hijo y yo no hemos tenido descanso, íbamos casi todos los días a la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes… le suplicamos llorando de rodillas… por favor, entréguenme a la niña, al menos no la lleven a CONANI hasta que llegue el día del juicio», expresó la abuela, claramente angustiada. La mujer también afirmó que la niña «no debería haber estado en CONANI» porque, en su opinión, ese centro no está capacitado para atender a niños de esa edad.

Hasta ahora, las autoridades pertinentes no han realizado un pronunciamiento público sobre el asunto. La familia aguarda los resultados de la autopsia oficial y exige una investigación clara que incluya la actuación de la magistrada y del personal de CONANI que estuvo involucrado.

La comunidad del lugar —según la abuela— considera al padre como un buen padre y no acepta la idea de que la madre fuera «capaz» de cuidar a la bebé; por esta razón, la familia demanda que se indague por qué se tomó la decisión de entregar a la menor sin realizar una investigación más exhaustiva sobre las circunstancias familiares.

Qué pide la familia

  • Resultados completos y públicos de la autopsia oficial.
  • Una segunda autopsia financiada por la familia.
  • Investigación administrativa sobre la actuación de la magistrada Angelina Santos.
  • Aclaración pública por parte de la directora local de CONANI sobre el manejo del caso.

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