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Jazlin Isabella Graciano de la Cruz

octubre 20, 2025
Jazlin Isabella Graciano de la Cruz

La familia de la niña Jazlin Isabella Graciano de la Cruz, de cuatro meses de edad, exige respuestas y justicia tras la muerte de la menor, que según los parientes ocurrió después de que la infante fuera entregada por las autoridades a un centro bajo la custodia de CONANI.

La abuela de la bebé, Mirian Cruz en una declaración pública llena de dolor e indignación, identificó al padre como Juan Nicaury Graciano Cruz y relató que tanto ella como su hijo habían solicitado en varias ocasiones la custodia temporal de la menor antes de que se tomara la decisión administrativa. La familia asegura que habían pedido a la magistrada Angelina Santos, que no remitiera a la bebé a CONANI hasta la celebración del juicio, previsto para el día 20, petición que, según la abuela, fue negada.

«Nosotros fuimos, mi hijo y yo no descansamos, íbamos casi diario a la Fiscalía de Niños y Niñas y Adolescentes… le rogamos llorando de rodilla… entrégueme la niña a mí, por lo menos no la lleve a CONANI hasta que la niña, por lo menos hasta que llegue el día del juicio», declaró la abuela, visiblemente consternada. La mujer aseguró además que la niña «no debió estar en CONANI» porque, a su juicio, ese centro no está apto para atender a infantes de esa edad.

Hasta el momento las autoridades competentes no han emitido un pronunciamiento público sobre el caso. La familia espera los resultados de la autopsia oficial y reclama una investigación transparente que incluya la actuación de la magistrada y del personal de CONANI involucrado.

La comunidad de la localidad —según la abuela— conoce al padre como un buen progenitor y rechaza la versión de que la madre fuera «apta» para cuidar a la bebé; por ello, la familia insiste en que se investigue por qué la decisión de entregar la menor se tomó sin una averiguación más profunda sobre las condiciones familiares.

Qué pide la familia

  • Resultados completos y públicos de la autopsia oficial.
  • Una segunda autopsia financiada por la familia.
  • Investigación administrativa sobre la actuación de la magistrada Angelina Santos.
  • Aclaración pública por parte de la directora local de CONANI sobre el manejo del caso.

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