Cáceres. El General de División Adán Benoni Cáceres Silvestre nombró a cientos de efectivos policiales y militares del Regimiento Especial de Seguridad Turística (Cestur) y del Regimiento Especial de Seguridad Presidencial (Cusep).
Reciben un salario mensual de 20.000 a 70.000 pesos, mientras que el comandante militar superior es Según Según el historial del gobierno en su contra, recibieron un cierto porcentaje de su salario directamente porque recibieron un cierto porcentaje de su salario.
«Cientos de policías y militares fueron colocados de manera fraudulenta en las nóminas de CESTUR y CUSEP, cobrando un promedio de 20 mil a 70 mil pesos mensuales, recibían cierto porcentaje de sus ingresos a cambio de una pequeña cantidad de obsequios. Los fondos del millonario fueron malversados. El sector público declaró en el documento de Coral Action:
El fiscal dijo que la diferencia entre el obsequio pagado y el obsequio pertenecía a distintos miembros de la organización, y este último debe entregarlo a los miembros de la organización en la forma detallada en el depósito y transacción solicitada por las medidas obligatorias. Noticias Internacionales.
Otras de las modalidades en la que la red obtenía fondo era a través de las cuotas que debían entregar distintas unidades y
organismos de seguridad del Estado.
Había una red de personas, entre ellas José Ramón Santos Jiménez, Vicente Girón Jiménez, Erick Brea Rosario y Juan Ramón Tejada Hilario que se encargan de hacer depósitos transacciones para la colocación de los fondos distraídos del Patrimonio del Estado, pero que finamente terminaban de manera directa o indirecta a manos de los imputados.
«El entramado societario que tenía como uno de los cerebros financieros principales al coronel Rafael Núñez de Aza, lavaba activos provenientes de actos de corrupción, como la estafa y la coalición de funcionario través de diferentes modalidades,
destacándose entre ella la acciones cometida por la pastora Rossy Guzmán, quien constituyó varias empresas para lavar dinero como es el caso de Único Real State, quien adquirió un apartamento ubicado en Balcones del Atlántico, Las Terrenas Samaná, ese apartzunento aparece con un supuesto préstamo que realizó el coimputado Raúl Girón, pero todo es una operación de lavado de activos», dice el expediente del MP.
Ayer, el Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva contra los cinco detenidos en la operación Coral, entre ellos el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre, ex jefe de Seguridad del expresidente Danilo Medina.
El órgano persecutor solicitó que se declare el caso complejo y presentó un expediente con «más de 200 páginas» de pruebas, según dijo a periodistas la fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Ortiz dijo que llevan «meses» recabando las pruebas, con el objetivo de presentar un caso con «contundencia» suficiente para que el tribunal de la instrucción conceda la prisión preventiva.
La fiscal no descartó la posibilidad de que en el transcurso de las investigaciones se demuestre que más personas estaban vinculadas a la supuesta corrupción.
La operación Coral llevó el pasado sábado a la detención del general Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán, su hijo Tanner Antonio Flete, y el coronel Rafael Núñez de Aza y el teniente coronel Raúl Alejandro Girón Jiménez.
Al grupo se le imputa los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
La Fiscalía aseguró en un comunicado que en los allanamientos, fueron incautados «bienes millonarios» a los imputados, quienes están detenidos en el Centro de Atención y Privación de Libertad Ciudad Nueva.
Como parte de la operación Coral, el Ministerio Público realizó el sábado un total de 27 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Plata y Samaná.
En los últimos meses, la pastora Rossy Guzmán fue interrogada tres veces por la Fiscalía en relación a una serie de propiedades y empresas que posee.
La investigación se inició a raíz de un reportaje del programa Nuria Investigación Periodística, que denunció que Cáceres Silvestre utilizaría como testaferro a la pastora Rossy Guzmán para la compra de esas propiedades.
Aquí parte del expediente:
Con información de Nuria Piera.