Atentados. El presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva el viernes, ordenando la desclasificación de ciertos documentos relacionados con el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001. Esta es una expresión de apoyo a las familias de las víctimas que han buscado registros durante mucho tiempo con la esperanza de ser implicado en el gobierno saudí de un gesto.
La orden se emitió una semana antes de que ocurriera el ataque hace 20 semanas, y fue un momento importante en una disputa de años entre el gobierno y miembros de la familia sobre qué información confidencial sobre los preparativos para la explosión podría hacerse pública. Noticias Internacionales.
El conflicto salió a la luz el mes pasado cuando unos 1.800 familiares, sobrevivientes y socorristas protestaron por la participación de Biden en el evento conmemorativo del 11 de septiembre, siempre que los documentos aún estuvieran desclasificados.
“Los acontecimientos significativos en cuestión ocurrieron hace dos décadas o más, y se refieren a un momento trágico que sigue resonando en la historia de Estados Unidos y en las vidas de tantos estadounidenses”, afirma la orden ejecutiva. “Por lo tanto, es fundamental garantizar que el Gobierno de los Estados Unidos maximice la transparencia, recurriendo a la clasificación sólo cuando sea estrictamente necesario”.
La orden ordena al Departamento de Justicia y a otros organismos del poder ejecutivo que inicien una revisión de la desclasificación y exige que los documentos desclasificados se hagan públicos en los próximos seis meses.
Sin embargo, el impacto práctico de la orden ejecutiva y de los nuevos documentos que pueda producir no estaba claro de inmediato. Las investigaciones anteriores han esbozado vínculos entre ciudadanos saudíes y algunos de los secuestradores de aviones, pero no han establecido que el gobierno de Arabia Saudita estuviera directamente implicado.
Una larga demanda en el Tribunal Federal de Nueva York alega que los funcionarios saudíes brindaron un fuerte apoyo a algunos secuestradores antes del ataque y trataron de responsabilizar a Arabia Saudita. El gobierno saudí negó cualquier conexión con el ataque.
Los familiares han afirmado durante mucho tiempo que el papel desempeñado por los funcionarios saudíes es más directo de lo que el gobierno de los Estados Unidos ha declarado públicamente, en parte porque los dos primeros secuestradores que llegaron a los Estados Unidos antes del ataque fueron bienvenidos y asistidos por un diplomático saudí.
Los secuestradores han acusado durante mucho tiempo al gobierno de obstruir sus solicitudes de documentos, y el jueves instaron al inspector general del Departamento de Justicia a investigar al FBI aparentemente incapaz de encontrar las fotos, videos y otros registros que buscaban.
El Departamento de Justicia reveló el mes pasado que el FBI había concluido recientemente una investigación en la que se examinaba a ciertos secuestradores del 11-S y a posibles co-conspiradores, y que ahora trabajaría para ver si podía compartir información que previamente había determinado que no podía ser revelada.
Según los términos de la orden ejecutiva, el FBI debe completar antes del 11 de septiembre su revisión de la desclasificación de los documentos de esa investigación, a la que se ha referido como la “Investigación del Subfile”.
En el transcurso de los próximos seis meses, la orden establece que el gobierno debe revisar para su desclasificación todos los informes de las entrevistas, los documentos con las conclusiones de la investigación, cualquier registro telefónico y bancario, otros informes de las entrevistas y otra información que se considere potencialmente relevante para los ataques.
Con información de AP
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